Costa Rica enfrenta la peor crisis educativa en los últimos 40 años, así lo señala el noveno Informe del Estado de la Educación (2023) y un reciente informe de la Contraloría General de la República denominado “Los servicios del Ministerio de Educación Pública ante un punto de inflexión: habilitando la transformación de cara al futuro”.
La marcha universitaria se convirtió en una verdadera marea humana a su paso por la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca.
A pesar de lo que establece la Constitución Política de la República, este año el Poder Ejecutivo liderado por Rodrigo Chaves Robles, se negó a negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en la Comisión de Enlace, por lo que por primera vez en la historia, el tema deberá resolverlo la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Este hecho terminó de consolidar la integración de una amplia gama de organizaciones sociales de todo el país que desde hace más de cuatro años han venido trabajando en la construcción de un diálogo nacional para revertir las políticas sociales, económicas, ambientales, culturales y educativas de los últimos gobiernos.
Como parte de este proceso, en el año 2023 estas organizaciones firmaron el denominado Pacto Nacional por la Educación para articular una agenda amplia orientada a la mejora educativa, la transformación tributaria estructural y el fortalecimiento del sistema de bienestar garantizando el cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública. Actualmente dicha inversión es de un 5.2%.
Luego de reiterados e infructuosos intentos de diálogo con el Poder Ejecutivo, unidos por el lema “Educación hoy, paz mañana”, más de 70 organizaciones sociales de todo el país convocaron a una marcha nacional en la ciudad de San José de Costa Rica el miércoles 28 y 29 de agosto del 2024 y seis regiones del país: Caribe, Chorotega, Brunca, Huetar Norte, Pacífico y Central (San José).
Las multitudinarias manifestaciones contaron con la participación de personas del magisterio nacional, las federaciones estudiantiles de las universidades públicas, organizaciones campesinas, indígenas, pescadores, personas funcionarias y docentes de universidades públicas, las organizaciones agrupadas en la Mesa de Diálogo Social y Productivo y una amplia diversidad de sectores sociales y políticas.
Miles de estudiantes, personas administrativas, docentes y personas ciudadanas iniciaron la marcha a las 9:00 a.m. desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio hacia la Plaza de la Democracia en San José, Costa Rica.
Esta representación ciudadana exige al Gobierno de la República un cambio de rumbo a través de un Pacto Nacional por la Educación Pública que permita evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya ocurrió en la década de 1980.
Lo que se busca es un acuerdo nacional que incluya al Gobierno, el sector privado, las organizaciones sindicales, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para resolver la actual crisis educativa.
Propone garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica; una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo, una educación que sea un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria, como lo establece el artículo N°77 de la Constitución Política.
De no ser así, se continuará profundizando el deterioro, no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino también se perderá productividad, calidad del talento humano y el bienestar de la sociedad en general, acrecentando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo.
Los sectores sociales consideran necesario incrementar progresivamente la inversión para la educación pública establecida en el artículo N°78 de la Constitución hasta llegar al 8% del PIB antes de que concluya esta década.
Para ello debe generarse un acuerdo de negociación quinquenal que fije metas para cumplir progresivamente con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior y liberar la educación pública de la regla fiscal creada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635 (Combo Fiscal).
Como parte de este proceso, se requiere avanzar hacia una transformación tributaria estructural para fortalecer la inversión social con el fin de garantizar el financiamiento de los programas sociales, el cumplimiento del mandato constitucional para educación pública y una mejor distribución del ingreso que permita además atender el endeudamiento del país.
Las organizaciones plantean restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas, recuperar la infraestructura educativa deteriorada, reabrir más de mil centros educativos cerrados por órdenes sanitarias o técnicas, crear la red nacional de conectividad educativa, fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas, disminuir el número de alumnos por aula y aumentar la calidad educativa.
También es fundamental que se brinde al personal docente una formación inicial y continua que responsa a las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente, así como la implementación del enfoque de derechos humanos en el proceso educativo y su entorno.
La columna de manifestantes que salió del Parque de la Merced en el centro de San José, confluyó con el bloque universitario y ciudadano en la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Las organizaciones firmantes del Pacto le manifiestan al Gobierno de la República la necesidad de que los actores involucrados en el tema comprendan que invertir en educación es invertir en democracia, trabajo digno, inclusión social, derechos humanos, salud integral, equilibrio con la naturaleza, fortalecimiento de la institucionalidad pública, seguridad alimentaria, servicios públicos de calidad y todos los demás componentes de la agenda social del país.
En el contexto actual es necesario y urgente la defensa de la institucionalidad pública, la autonomía y la construcción de alianzas sociales para procurar el bien común, las necesidades sectoriales y locales como la defensa del agua y el saneamiento, la lucha por la seguridad y la soberanía alimentaria, el resguardo del modelo nacional energético sostenible, la defensa de la naturaleza, la seguridad y estabilidad de nuestros servicios públicos para la población y el desarrollo nacional.
Además debe atenderse responsablemente la salud, la seguridad y la previsión social; sin dejar de lado una de las crisis más importantes actualmente, como es la seguridad ciudadana, en todo el territorio nacional.
En síntesis, las organizaciones sociales y la ciudadanía que se manifestó en las calles el 28 y 29 de agosto del 2024, buscan convertir la crisis actual en una oportunidad para catalizar un cambio profundo que mejore el sistema educativo en todos los niveles, reducir las desigualdades y promover una transformación tributaria que fortalezca el sistema de bienestar de Costa Rica.
Las personas representantes de las organizaciones participantes enfatizaron en sus discursos que de no ser atendidas las demandas planteadas a las instancias gubernamentales, en los próximos días y semanas estarán desarrollando nuevas acciones de diferente naturaleza.
