Una gigantesca marcha de estudiantes, persona funcionarias y  docentes e investigadores (as) de las universidades públicas; así como organizaciones sindicales, representantes de diferentes sectores sociales y comunales, artistas y ciudadanos (as), logró disuadir al Gobierno de la República de recortar ¢128.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), para el 2023.

Como se puede apreciar en sobrevuelos de drones, videos  y fotografías; la mutitudinaria manifestación abarrotó las calles desde la Sede Rodrigo Facio de la UCR hacia el centro de San Pedro de Montes de Oca y de ahí a la fuente de la Hispanidad y parte de la carretera de circunvalación rumbo a la Casa Presidencial y sus alrededores,  en una protesta donde las comunidades de las cinco universidades públicas rechazaron a una sola voz la propuesta de Gobierno de reducir el FEES para el 2023.

La manifestación realizada el martes 16 de agosto del 2022 en horas de la mañana es una de las más grandes que ha vivido el país desde las protestas contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América en el 2007, e incluso superó la última marcha realizada en octubre del 2019,  durante el la Administración de Carlos Alvarado Quesada, también para defender el financiamiento de las universidades públicas.  

Se calcula que en los cerca de dos kilómetros y medio que hay entre la UCR y la Casa Presidencial estuvieron presentes entre 8.000 y 10.000 personas. Tal fue la cantidad de manifestantes congregados a lo largo del trayecto, que muchos no pudieron llegar a la Casa Presidencial, por lo que optaron por dispersarse.

Mientras parte de la multitud esperaba en las afueras de la Presidencia de la República en Zapote, las personas representantes de las universidades públicas negociaban en Casa Presidencial con el Gobierno, el cual finalmente aceptó la propuesta que habían llevado las personas rectoras desde la primera reunión de la Comisión de Enlace hace una semana.

Sin embargo, las negociaciones siguen,  porque aún no se llega a un acuerdo que garantice el pleno financiamiento de la educación superior pública, según lo establece el artículo N°85 de la Constitución Política. 

Llamó la atención que esta vez el Gobierno no utilizó las fuerzas policiales ni los antimotines frente a la Casa Presidencial y sus alrededores,  como sí lo han hecho los gobiernos en las últimas décadas ante protestas de cualquier naturaleza.