La M.Sc. Laura Paniagua Arguedas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR) analizó este fenómeno en una amplia investigación denominada “Por un techo digno: urbanización y luchas por el hábitat en la Gran Área Metropolitana”.

El estudio tenía como objetivo describir los recientes procesos de urbanización en la ciudad, identificar la distribución territorial de las nuevas construcciones y grupos sociales, caracterizar dos luchas por el hábitat y determinar algunas relaciones entre los procesos de urbanización y la segregación urbana.

Tomando como referencia su investigación, Paniagua nos ofrece algunas reflexiones críticas sobre el tema del desarrollo urbano y las implicaciones que tiene.

Tres problemas

Desde su perspectiva no siempre se comprende que un mejor ordenamiento puede contribuir significativamente al desarrollo económico. Para ella los principales problemas que tiene el país en este campo se pueden agrupar en tres grandes ámbitos: socioespacial, político y económico.

La investigadora considera la segregación espacial uno de los problemas más importantes: “Mucha gente cree que el mejor modelo de vivienda  es un condominio cerrado, aislado, con cámaras y guardias. Se piensa que esto da seguridad.

“Si esta forma de vivienda se amplía,  lo que vamos a tener es una ciudad llena de muros y más insegura en la que se dificulta la visibilidad y la interacción entre las personas. Entonces no solo se segrega el espacio, sino los grupos también.

“En algunos lugares la escasa socialización está relacionada con el envejecimiento poblacional,  y en muchos casos permanecer en el espacio público se ha convertido en sinónimo de criminalidad. Entonces apenas hay un grupo de jóvenes en las aceras de inmediato llega la policía porque los vecinos (as) llaman y esto es incómodo.

“Este fenómeno se conoce como agorafobia, miedo a los espacios públicos y el no salir genera inseguridad, porque hay menos personas. Pero el miedo es un gran negocio.

"En los barrios la gente también tiende a pensar que los espacios públicos deben cerrarse. El problema es que cuando se cierra,  menos gente los usa porque quien tiene la llave se apropia de ese espacio, entonces terminan siendo espacios inútiles", agregó la investigadora.

Ámbito político

La investigadora afirma que Costa Rica fue uno de los primeros países latinoamericanos en contar con una ley de ordenamiento territorial, pero actualmente esta legislación está completamente desactualizada y no se observa una voluntad política para ponerla al día.

Explicó que en los últimos años se han emprendido iniciativas que buscan el ordenamiento territorial como el Proyecto de Planificación Regional Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) y más recientemente el POTGAM. Sin embargo han sido pocos los resultados.

Esta situación se debe a que hay múltiples intereses y perspectivas sobre cómo enfocar el desarrollo urbano. Hay quienes piensan que el problema es de orden y planificación, otros  consideran que es importante empoderar a los gobiernos locales y también están  los que piensan que es el Estado el que debe establecer los parámetros y líneas de acción.

“Quienes creen que lo que debe hacerse es empoderar a los gobiernos locales están en un grave error, porque si bien los gobiernos locales deberían tener elementos para gestionar sus territorios, la escala de las problemáticas muchas veces supera el ámbito cantonal.

“No podemos seguir pensando el territorio con la jurisdicción de lo político (local). Esa desconexión entre la escala de los problemas y la escala de las soluciones es algo a nivel político que tiene que trabajarse. Porque algunas problemáticas requieren un abordaje mucho más amplio.

¿Pero cómo, cuándo y dónde se va a hacer esto?, nos preguntamos.  En nuestro país muchas veces  abundan las propuestas, pero no siempre es posible llevarlas a la realidad. 

Un ejemplo de esto son las recomendaciones que surgen de las universidades. La investigadora considera que hay una desconexión entre los planteamientos que se hacen en la Academia y en otros colectivos sociales preocupados por el tema, y las decisiones políticas.

¿Pero qué pasa cuando llega un académico como el Dr. Rosendo Pujol Mesalles, un experto en desarrollo urbano,  al Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos? Le preguntamos.

“Muchas de estas personas se topan con los límites de la institucionalidad. Porque se pueden tener muy buenas ideas, pero a veces resulta difícil llevarlas a la práctica porque las mismas instituciones les imponen límites.

“El hecho de que una persona sea académica no significa que va a tener el apoyo de los técnicos, sobre todo si pertenecen a otros partidos políticos o si trae ideas que los hacen trabajar más”, apuntó.

Siempre en el ámbito político, la investigadora considera que los problemas apuntados se han vuelto más complejos con la reducción de las capacidades del estado y la política de focalización que comenzó a impulsarse entre los años 1980 y 1990.

“La idea es resolverle los problemas a algunos con una visión focalizada y con un afán de obtener dividendos electorales. Y con eso se fragmenta más, esto separa a las personas y se pierde la perspectiva de ciudad (…) Es un problema hacer obras por separado sin que se integren y se conecten”, afirma la investigadora.

“Necesitamos tomar medidas urgentes; por ejemplo una propiedad en el centro de San José no debería estar en verde, en otros países eso es penalizado, porque lo único que le interesa al dueño es aumentar su valor, lo mismo ocurre con edificios desocupados o subutilizados que tienen como fin la especulación inmobiliaria. A estas propiedades deberían ponerle multas o incluso se les puede quitar, porque el sentido de la propiedad es el valor social. 

“La legislación no solo está desactualizada, sino que hay que evitar aspectos como la especulación inmobiliaria. Y eso se da porque el mercado rige el uso de la tierra. No puede ser solo el mercado, porque así estaría solo bajo las leyes de la oferta y la demanda. El Estado tiene que intervenir para mejorar la ciudad.

Los nuevos edificios que están haciendo son carísimos y están fuera del alcance de la gente que necesita vivienda. El estado debe tener una participación más activa en la planificación y ordenamiento urbano, pero también debe revisarse el acceso a la tierra”, afirma la investigadora.

Consecuencias económicas

 “Los problemas de índole político tienen consecuencias económicas. No es solamente un asunto de mercado. Estamos hablando de que las personas pierden horas de su vida en una presa. Este tiempo podría destinarlo a recreación, a estar con su familia, a hacer deporte.

“Esto tiene provoca más tensión y violencia, enfermedades.  Y ni qué decir el sedentarismo. Hay un tema de pérdida de recursos, un tema ambiental, que pasa por lo económico, gasto de combustible, el desgaste de los vehículos y otros elementos como la seguridad, que nos lleva a pensar que es a través de lo económico que vamos a solucionar nuestros problemas. Esto genera que las ciudades se vean enrejadas como cárceles y se genere un ambiente de inseguridad”, afirmó  la investigadora.

Movilidad urbana

“Las calles son como las arterias del sistema circulatorio, si hay obstrucción en las arterias no hay circulación. Esto provoca traumas urbanos. Los bloqueos pueden darse por barreras físicas, naturales o construidas. Donde hay congestión no hay circulación.

“La forma de resolverlo es mediante la articulación de las partes formales e informales. El barrio pobre no tiene por qué estar detrás del centro comercial, del muro, del río, etc. Tiene que estar conectado al igual que el resto de la ciudad. En esos traumas urbanos es donde se genera mayor exclusión, mayor violencia y más problemas. Las ciudades deben pensarse para la gente. Los proyectos deben atraer a diferentes segmentos poblacionales.

“Esos proyectos de ciudad deben colocarse en puntos estratégicos o nodos, para que amarren (estaciones de buses, trenes, parques, bibliotecas, zona deportiva), que se articule con la red de transporte.

“También debe estimularse el transporte alternativo. Por ejemplo comunicar la ciudad universitaria con otros puntos de la ciudad.  Otra cosa muy importante es que las soluciones no pueden ser individuales. Si todas las personas quieren viajar en automóvil eso representa un problema vial.

“Por eso el transporte público debe ser una alternativa que le permita a la gente desplazarse en poco tiempo. Y eso no ocurre en nuestro país. Una forma de ver el tema de las prioridades en cuanto a movilidad es que muchas veces se invierte más en calles que en aceras”, manifestó la investigadora.

Más información: LAURA.PANIAGUA@ucr.ac.cr