Luego de más de ocho años de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades del Sector Telecomunicaciones, los datos revelan que algunos de los objetivos de esas leyes no se han cumplido.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el Decreto - Ley No.449 del 8 de abril de 1949 y se abrió a la competencia en el 2010 luego de la subasta del espectro radioeléctrico.
Según el más reciente informe del Programa Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (PROSIC-UCR), al 2015 el ICE había perdido el 42% del mercado en el servicio móvil, mientras que Radiográfica Costarricense (RACSA), también del Grupo ICE, perdió casi por completo el mercado de acceso a Internet de servicios residenciales.
El fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue uno de los compromisos que el Gobierno de Costa Rica adquirió al suscribir el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) el 5 de agosto del 2014.
El objetivo de estas leyes de fortalecimiento era que tanto el ICE como sus subsidiarias tuvieran capacidad y flexibilidad para poder enfrentar la competencia de empresas privadas que participarían en el mercado de telecomunicaciones.
Durante la discusión de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, diferentes sectores manifestaron que las leyes de fortalecimiento del ICE debían proveerle las herramientas necesarias para evitar una situación de varios “trigres sueltos, frente a un burro amarrado”.
El Informe cita la opinión del Lic. Abrahm Madrigal, ex gerente del ICE, quien mencionó algunas de las razones por las que las leyes de fortalecimiento no han cumplido su propósito.
El primer aspecto es lo relacionado con el artículo 35 de la Ley referente al manejo de la información confidencial. Un fallo de la Sala Constitucional en el 2012 modificó el espíritu de la ley al establecer que al ser la generación de energía eléctrica un tema de interés público, no existía a favor del ICE ningún derecho a declarar confidencial esa información.
Un segundo punto, que de acuerdo con el Lic. Madrigal, se trató de resolver en la Ley de Fortalecimiento, eran los problemas que se le generaban al ICE en áreas tan importantes de su giro de negocio como el financiamiento y la contratación administrativa.
La idea era que con la apertura el ICE no tuviera que estar demostrando a órganos propios de la administración las razones por las cuales tomaba una decisión cada vez que lo hacía.
Sin embargo fallos y dictámenes posteriores de la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República y otras instituciones, limitaron sensiblemente las capacidades del ICE para competir con las empresas privadas del sector.
Esto ha provocado que el ICE aparte de preocuparse por competir en el mercado, ya de por sí bastante difícil, deba también ocuparse de resolver problemas que son creados por los propios órganos de la Administración Pública.
Sin embargo, según el mismo Informe de la UCR, desde el punto de vista meramente económico la apertura ha resultado exitosa para el país. Gracias a esas normas el sector telecomunicaciones es uno de los más dinámicos en comparación con otros sectores productivos.
De acuerdo con información recaba por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), en el año 2015, los ingresos generados por los servicios de telefonía fija, telefonía celular y transferencia de datos generaron en conjunto ingresos superiores a los ¢806 mil millones, lo que representa ingresos equivalentes a 3.1% del Producto Interno Bruto (PIP).
En el 2008, antes de la apertura del sector telecomunicaciones, el nivel de penetración de la telefonía móvil era del 27.03%. Según datos de la SUTEL del 2015, la penetración de telefonía móvil se han incrementado por encima del 150%, lo cual se ve evidenciado hoy día en la puesta a disposición de un mejor servicio para los usuarios.
Sin embargo, el Informe plantea que a pesar de esos buenos resultados, existen aún muchas oportunidades de mejora para fomentar una constante evolución del este sector.
En este sentido, Armando Vargas Araya, ex –ministro de información y comunicación, manifestó que en Centroamérica, únicamente Guatemala y Costa Rica cuentan con tres operadores de telefonía móvil, aunque la SUTEL sostenga la inexistencia de competencia efectiva.
“Parece incontestable cierta tendencia favorecedora hacia los dos operadores particulares que disputan el mercado con el operador de propiedad pública (ICE).”, enfatizó.
El especialista considera que es necesario actualizar la Ley General de Telecomunicaciones del 2008 y revisar la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, que amarra las manos al operador público.
El Informe anual del PROSIC se presentó el martes 4 de julio del 2017 en el auditorio de la Facultad de Educación de la UCR.
