El más reciente informe Estado de la Educación (2013), definió once desafíos para mejorar la educación pública, uno de los más importantes es garantizar la sostenibilidad de la asignación del 8% del PIB a la educación pública.

En 2011 la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que obliga al Estado a destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública a partir del año 2014.

En la actualidad esa inversión es de poco más del 7%, de modo que se requiere un punto adicional (cerca de ¢200.000 millones de colones).

De los trece partidos con aspirantes a la presidencia solo ocho dedicaron apartados al tema de la educación. Los que más profundizan en el tema son los de los partidos Frente Amplio (FA), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN). No fue posible obtener los programas del Partido Integración Nacional (PIN) ni del Partido Avance Nacional. (PAN).

Sin duda el programa más completo es el del Frente Amplio, que aborda temas como el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, la consolidación y ampliación de los programas de equidad en el acceso a la educación, la infraestructura educativa, condiciones materiales y derechos de los y las estudiantes, las condiciones laborales, formación y capacitación del personal docente, el modelo pedagógico y la relación educación-comunidad.

Este partido se compromete a cumplir con el mandato constitucional de asignar al financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, recursos equivalentes al 8% del PIB para el 2015.

En lo que respecta a las universidades, el FA “impulsará la inmediata aprobación del proyecto de ley presentado por esa agrupación para asegurar que la obligación constitucional de financiamiento a la educación pública no sea burlada en el futuro”.

Además, “garantizará el financiamiento creciente a las universidades públicas mediante una negociación justa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), bajo un marco de estricto respeto a la autonomía universitaria”.

Por su parte el PAC “asignará el 8% del PIB a la educación a más tardar en el 2015, elaborando una lista de prioridades para el uso eficiente del aumento presupuestario”.

Asimismo, la agrupación propone afianzar las universidades públicas para facilitar el ingreso de personas de escasos recursos y aumentar la oferta académica en todas las regiones del país y mejorar la calidad de la educación superior privada, mediante la provisión de mecanismos y procedimientos de control y fiscalización del Consejo Superior de Educación (CONESUP) y asegurar su independencia política.

El PUSC “garantiza el 8% del PIB para la educación con un uso racional a esos recursos”. En el plan de gobierno habla de la participación de las universidades y otras instituciones junto al sector productivo en actividades de interés nacional.

El PLN analiza el tema del porcentaje que debe asignarse a la educación, pero no plantea un compromiso concreto en ese sentido. Su programa destaca el aporte de algunas universidades e instituciones privadas, pero no menciona las públicas.

Considera que “para mejorar la calidad de la educación deberá mejorarse la supervisión estatal de las carreras universitarias de educación, incluyendo sus procesos de admisión, así como mejorar el sistema de reclutamiento y selección, evaluación, capacitación y motivación del personal del Ministerio de Educación Pública”.

El Partido Renovación Costarricense (PRC) propone “la aplicación en su totalidad del rubro del 8% que establece la constitución de la República de Costa Rica para la Educación, así como de otros incentivos para aumentar el presupuesto educativo nacional”.

El Partido Patria Nueva (PN) plantea que “de acuerdo con las necesidades urgentes que el desarrollo del país requiere y la sociedad demanda, la educación superior, pública, gratuita, cogobernada, autónoma y crítica, será fortalecida en cada región del país con nuevas carreras y programas de extensión y de investigación, orientados a atender y darles solución a los problemas sociales de carácter económico- productivo y de servicios”.

El Partido Nueva Generación (PNG) propone “apoyar la expansión de las universidades públicas actuales, respetando siempre la iniciativa privada en este sector, pero con el objetivo claro de reducir el nivel de influencia y mercantilización de la educación superior que ha proliferado sin un enfoque prospectivo sobre el desarrollo económico, social, cultural y científico del país”.

Los demás partidos omiten el tema o sus propuestas son escasas, tal es el caso los partidos Movimiento Libertario (PML), Restauración Nacional (PRN), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y de los Trabajadores (PT).