Una encuesta en 30.000 hogares de nueve países de África, Asia y América Latina pone de manifiesto la caída de ingresos y las dificultades para acceder a los alimentos que la crisis derivada del COVID-19 ha generado en las zonas más empobrecidas.
Además de las consecuencias directas que la caída de ingresos y la desnutrición pueden generar sobre la salud, el hambre pone en riesgo la productividad y el crecimiento de las anciones a largo plazo.
Los daños económicos que ha provocado la crisis del COVID-19 son perceptibles en todo el mundo, pero su impacto ha ahondado más en las heridas ya existentes de los países en vías de desarrollo. Estas zonas han sufrido una fuerte disminución de los niveles de vida, así como una creciente inseguridad alimentaria.
Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un equipo internacional de investigadores y cuyo trabajo se han publicado en la revista Science Advances. Junto con este informe, advierten de que si no se aplican programas de protección, millones de hogares corren el riesgo de caer en la pobreza.
“La evidencia que hemos reunido muestra graves consecuencias económicas, incluido el aumento de la inseguridad alimentaria y la caída de los ingresos, que, si no se controlan, podrían llevar a millones de hogares vulnerables a la pobreza”, señala Susan Athey, economista en la Universidad de Stanford en EE UU y coautora del estudio.
El trabajo, que cuenta con la participación del Banco Mundial y de universidades de varios continentes, ofrece una visión en profundidad de los efectos socioeconómicos que la pandemia ha provocado en países con ingresos bajos durante los primeros meses, entre marzo y julio de 2020.
Para lograrlo, el equipo realizó más de 30.000 encuestas telefónicas en ciudades que contienen a más de 100.000 habitantes de nueve países de África, Asia y América Latina. En concreto, la muestra escogida reunió a hogares de Burkina Faso, Ghana, Kenia, Ruanda, Sierra Leona, Bangladesh, Nepal, Filipinas y Colombia. Hay que destacar que muchos de los encuestados se obtuvieron al azar, por lo que la muestra incluye a personas y familias con distintos niveles de renta.
“Al examinar los datos que hemos recopilado en tantos países diferentes, ha quedado claro que la mayoría ha tenido que luchar o sufrir de verdad a causa de la pandemia. Han perdido trabajos, han luchado para alimentar a sus familias y a menudo han tenido dificultades para acceder a los mercados y a la atención sanitaria. Es terrible ver cómo esto ocurre en tantas sociedades diferentes”, expresa a SINC Edward Miguel, coautor del estudio, profesor de economía ambiental y recursos en la Universidad de Berkeley, en California (EE UU) y director del Center for Effective Global Action (CEGA) también en Berkeley.
Las encuestas telefónicas, realizadas por profesionales locales de cada país para que idiomas, dialectos y acentos coincidiesen, incluían preguntas sobre ingresos económicos, empleo, acceso a los mercados de alimentación, retrasos en la atención médica, omisión de comidas y ayudas por parte de organizaciones y gobiernos. También, recabaron datos de la misma naturaleza en los lugares donde se hicieron encuestas similares en años previos con los que poder comparar.
De esta forma, obtuvieron que, en general, los ingresos habían bajado un 70 %. Mientras que en Kenia la caída fue del 25 %, en Colombia fue del 87 %, con grupos de población donde el descenso ha llegado hasta el 95 %. “Tras décadas de ingresos en constante aumento en las principales regiones del mundo, el fuerte aumento de la pobreza mundial en 2020 que documentamos no tiene precedentes”, indica el estudio.
En cuanto al empleo, dependiendo de la región las cifras varían enormemente. Cuando en Ruanda en torno al 40 % de los encuestados afirma haber perdido su empleo, en algunas regiones de Sierra Leona solo lo ha corroborado el 5 %.
“Al hablar directamente con los hogares, nuestro estudio proporciona datos que son en muchos sentidos más relevantes que las medidas macroeconómicas existentes que, a menudo, no tienen en cuenta la actividad económica informal. Tampoco preguntan sobre las experiencias vividas por la gente en materia de inseguridad alimentaria, por ejemplo”, explica Miguel. Según se menciona en el estudio, “más de una cuarta parte de la actividad económica y la mitad de todos los trabajadores en África, Asia y América Latina están en el sector informal y, por lo tanto, no se incluyen en la mayoría de las estadísticas oficiales”.
En cuanto el acceso a los alimentos, el 87 % del mismo grupo de encuestados en Sierra Leona confiesa que ha tenido que omitir o reducir comidas debido a su situación económica. Con valores no tan elevados pero también relevantes, le ha ocurrido lo mismo a más de la mitad de los ghaneses y ruandeses encuestados; también, al 48 % de los hogares rurales de Kenia o al 69 % de los hogares agrícolas sin tierras en Bangladesh. De media, el 45 % del total de encuestados se vio obligado a comer menos de lo habitual.
“La comparación con los datos de referencia preexistentes verifica que estos niveles superan en gran medida la inseguridad alimentaria que se experimenta normalmente en esta época del año”, menciona el estudio.
Donde más se ha notado la falta de accesibilidad a los mercados debido al desabastecimiento y a las restricciones a la movilidad, entre otros motivos, ha sido en Filipinas (77 %), Colombia (68 %) y Kenia (67 %).
Para el profesor de economía de Universidad de Berkeley, los efectos más adversos que ha percibido al realizar este estudio son los que perjudican en este sentido a los niños.
“La inseguridad alimentaria y la falta de comidas pueden afectar a su crecimiento y desarrollo. La escolarización se ha visto interrumpida en la mayoría de los países, mientras que los niveles de violencia doméstica siguen siendo preocupantemente altos. Por todo ello, los niños, podrían sufrir las consecuencias de la pandemia durante mucho tiempo”, expone el experto.
Además de las consecuencias directas que la caída de ingresos y la desnutrición pueden generar sobre la salud, el hambre pone en riesgo la productividad y el crecimiento a largo plazo, “ya que los hogares compensan reduciendo otras inversiones en bienes productivos como fertilizantes, en educación y el desarrollo infantil a largo plazo”, dice el estudio. Además, una parte significativa de los encuestados (13 %) ha reportado retrasos u otras dificultades para acceder a la atención médica.
Una solución a estos problemas podría estar en la acción política, a través de programas de protección social. No obstante, los expertos señalan que estos países no cuentan con fondos suficientes “incluso en mejores tiempos”. “Durante una recesión económica, la reducción de los ingresos fiscales dificultará aún más la financiación de dichos programas y los mercados de deuda no estarán disponibles para los países de ingresos bajos y medianos”, se describe en el informe.
Por ello, el equipo interpela al resto de países con mayores ingresos para que dirijan su mirada hacia las naciones en vías de desarrollo y presten su ayuda, no solo mediante donaciones o préstamos, sino también compartiendo sus vacunas.
“Los ciudadanos de las sociedades enriquecidas deben reconocer que no saldremos de esta pandemia hasta que todo el mundo tenga acceso a las vacunas y la pandemia esté controlada en todas partes. Tenemos que ver esto como un esfuerzo para sacar de la crisis a la humanidad en su conjunto”, concluye Edward Miguel.
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Referencia bibliográfica:
Egger, D. et al. "Falling living standards during the COVID-19 crisis: Quantitative evidence from nine developing countries". Science Advances (2021)
Uno de los investigadores del estudio afirma que los efectos más adversos que ha percibido al realizar este estudio son los que perjudican a los niños.
