El sicariato es un fenómeno criminal que ha tomado relevancia en Costa Rica durante la última década. Entre los años 2010 y 2020 los asesinatos por encargo se han multiplicado y se han revelado patrones que los vinculan estrechamente con otras formas de homicidio, como los asesinatos intencionales.
Uno de los hallazgos más relevantes es que aunque muchos de los crímenes tienen relación con el tráfico de drogas ilícitas, otros son motivados por conflictos personales, como disputas comerciales, traiciones o estafas.
Sin embargo, las características de las víctimas y la distribución territorial de estos crímenes destacan un fenómeno mucho más complejo que lo que se había identificado previamente.
Según una investigación realizada por el investigador y docente de la Escuela de Sociología, el Dr. Rodolfo Calderón Umaña, el sicariato en Costa Rica es un fenómeno heterogéneo, lo que significa que no puede ser tratado como un problema uniforme.
Esta conclusión es crucial, ya que señala que el sicariato no responde solo a las dinámicas del narcotráfico, sino que también está vinculado con otros factores sociales, económicos y culturales.
Uno de los hallazgos más relevantes es que aunque muchos de estos crímenes tienen relación con el tráfico de drogas ilícitas, otros son motivados por conflictos personales, como disputas comerciales, traiciones o estafas.
El estudio también revela que una cantidad significativa de los asesinatos por encargo no se realiza a cambio de dinero, sino como parte de una lealtad o sometimiento a grupos delictivos
Esta dinámica muestra que el sicariato no es solo un negocio criminal, sino una forma de resolución de conflictos entre actores sociales.
El sicariato se concentra principalmente en las provincias de San José, Limón y Puntarenas. Durante los años 2023-2024 los tres cantones con mayores tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes fueron Parrita, Limón y Matina.
Sin embargo, los números de Alajuela, Pococí, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea y Nicoya son igualmente preocupantes.
Los crímenes ocurren mayormente en espacios públicos y están vinculados a personas jóvenes, solteras y con antecedentes criminales, especialmente en el ámbito del narcotráfico.
Estas características sociodemográficas revelan una vulnerabilidad asociada tanto a la juventud como a la marginación social, lo que genera un caldo de cultivo perfecto para la violencia.
Sin embargo, uno de los principales desafíos en el análisis del sicariato, es la falta de información sobre los victimarios. Según el Dr. Calderón, esta limitación dificulta una comprensión más profunda del fenómeno y retrasa la formulación de estrategias efectivas para combatirlo.
A pesar de ello, el estudio ha permitido hacer una aproximación crítica a las estadísticas y la geografía de los homicidios, incorporando fuentes de datos inéditas como las escuchas telefónicas y sentencias condenatorias.
Estas características sociodemográficas revelan una vulnerabilidad asociada tanto a la juventud como a la marginación social, lo que genera un caldo de cultivo perfecto para la violencia.
Un aspecto crucial que se destaca en la investigación es la falta de un enfoque integral desde las políticas públicas para abordar el sicariato. Calderón subraya que hasta el año 2016 la policía no clasificaba estos homicidios como "ajustes de cuentas" o "venganza", lo que dificultaba la comprensión del fenómeno.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la recolección de datos y la aplicación de nuevas metodologías, las estadísticas oficiales aún no reflejan adecuadamente la realidad del sicariato en el país.
El investigador señala que más allá de la administración de justicia, el combate al sicariato requiere políticas públicas que promuevan la prevención.
Esto incluye medidas efectivas para la resolución pacífica de conflictos, la creación de programas sociales para jóvenes en situación de vulnerabilidad y la promoción de alternativas de conflicto que no recurran a la violencia.
La clave, según el Dr. Calderón, está en prevenir que los jóvenes en condiciones de desventaja social se vinculen a grupos delictivos.
En este sentido, Costa Rica enfrenta un desafío significativo: la violencia vinculada al narcotráfico ha llegado a ser un factor determinante en la resolución de conflictos, y el país juega un papel clave en la economía de la droga a nivel regional.
Las políticas de seguridad y justicia, junto con redes de protección social, deben ser rediseñadas para responder de manera más efectiva a la realidad actual del sicariato.
En los últimos cinco años, la inseguridad en Costa Rica ha aumentado considerablemente, especialmente impulsada por el crecimiento de los homicidios, hurtos y robo de vehículos.
Según el Índice de Competitividad Nacional (ICN-2024), publicado recientemente por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, la dimensión de seguridad en el país ha experimentado un retroceso significativo.
En 2020, Costa Rica registraba una puntuación de 53 puntos sobre 100, lo que ya reflejaba un margen de mejora. Sin embargo para 2024 este puntaje se redujo a 40,4, siendo 2023 y 2024 los años más inseguros en cuanto a homicidios, con tasas que superaron los 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Aunque en 2024 hubo una leve mejora en comparación con 2023, los cantones costeros y los de la Gran Área Metropolitana (GAM) han sufrido las mayores caídas en seguridad.
No obstante, los cantones fronterizos experimentaron una ligera mejora en sus índices de seguridad entre 2023 y 2024, aunque el fenómeno persiste.
Además de la creciente inseguridad, el Informe revela que la calidad de la educación en el país también presenta grandes desafíos y esto a su vez incide en la inseguridad.
En el país, el 30% de los adultos con edad de 25 años o más no han concluido la educación secundaria, y la escolaridad media es de apenas 7,7 años para este grupo de edad.
No obstante, Montes de Oca (San José) y San Pablo (Heredia) son los únicos cantones donde poco más del 50% de los adultos mayores a 25 años tienen secundaria completa.
En 2023 solo el 17% de los estudiantes de escuelas primarias recibieron la malla curricular completa y 17 cantones no lograron cubrir las 11 materias requeridas.
Esto afecta a regiones como Aserrí, Alajuelita, Limón y otros cantones periféricos, lo que agrava las brechas en el acceso a una educación de calidad y contribuye a la falta de oportunidades en algunas áreas.
El panorama en cuanto a seguridad y educación resalta la necesidad urgente de mejorar tanto la seguridad pública como la infraestructura educativa en el país.
El Dr. Rodolfo Calderón Umaña es docente e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica.
El estudio sobre el sicariato en Costa Rica revela que este fenómeno no puede ser abordado solo desde una perspectiva de seguridad pública, sino que debe incluir un análisis sociológico y una revisión de las dinámicas de poder, economía ilícita y relaciones sociales.
A medida que los jóvenes en desigualdad social se convierten en víctimas y perpetradores de estos crímenes, es vital crear políticas públicas que eliminen las condiciones de vulnerabilidad que los atraen hacia los grupos criminales.
Es urgente que el Estado costarricense tome en serio el sicariato como un problema estructural y articule esfuerzos de prevención que vayan más allá de la represión, creando alternativas viables para los sectores más desfavorecidos.
Este es un reto que requiere el compromiso de diversas instituciones, desde el Ministerio de Seguridad Pública hasta los programas de apoyo social como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La investigación de Calderón Umaña, al ser pionera en Costa Rica, abre el camino para un entendimiento más profundo del sicariato y sienta las bases para futuras investigaciones que puedan contribuir al diseño de políticas públicas más efectivas para erradicar este flagelo social.
