Aun sin cifras oficiales pero motivado por esta preocupación, un grupo de científicos que conforman la Interamerican Network of Academies of Sciences (IANAS) propuso a la revista Science visibilizar esta situación y el resultado se puede leer en el editorial de la publicación de marzo.

"Hay muchos problemas sociales y políticos en Nicaragua pero nos interesaba visibilizar y denunciar el impacto a largo plazo que traerá para la educación y la investigación científica”, comenta a SciDev.Net Jeremy N. McNeil, profesor distinguido de la Universidad Western Ontario, en Canadá, y uno de los científicos de IANAS que apoyó la publicación del editorial.

En abril de 2018, una nueva ley sobre reformas al seguro social propició protestas sociales, muchas de las cuales fueron protagonizadas por jóvenes estudiantes, lo que desató represalias violentas y detenciones arbitrarias por parte del gobierno.

De acuerdo con el informe de junio de 2018, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la acción represiva del Estado ha producido más de 300 personas muertas, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio de 2018, y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamiento, amenazas y otras formas de intimidación”.
Esto ha traído como consecuencia una ausencia de libertad de expresión en muchas universidades así como una disminución importante de estudiantes y académicos en las principales universidades del país.

"Solo la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la más grande del país, con una población de 40.000 estudiantes, ha reportado que ha perdido 25 por ciento de su matrícula. Mientras que la Universidad Centroamericana (UCA) ha perdido 2.000 estudiantes", dice a Scidev.Net, Jorge Huete, biotecnólogo nicaragüense y vicepresidente de la UCA.

Huete, uno de los autores del editorial de Science, señala que por la crisis política y social, prácticamente todas las universidades nicaragüenses tuvieron que cerrar entre 4 y 6 meses, incluidas las privadas, que han perdido 50 por ciento de su población, que es de un total de 20.000. “Todas las universidades cerraron, la situación más dramática fue la Universidad Centroamericana, que cerró por 10 meses”, dice Huete.

Aunque el gobierno ha dado la orden de reabrir estas instituciones, muchas de ellas viven la agonía de buscar estudiantes, profesores y financiamiento para mantenerse a flote.

Para la ciencia, la falta de inestabilidad social y política también ha sido perjudicial. Varios encuentros internacionales que sucederían en Nicaragua en 2018, como el Congreso de Biotecnología o el Congreso de la Sociedad Interamericana de Biología Tropical y Conservación, fueron pospuestos o trasladados a otros países como Panamá.

De acuerdo con McNeil, las consecuencias para la ciencia serán devastadoras.  “Los profesionales de mejor nivel académico son los que tendrán más oportunidades de encontrar trabajos o colaboraciones en otros países. Lo cual dejará a Nicaragua sin sus académicos más capacitados. Creo que eso tendrá un impacto grave en el desarrollo científico y económico del país”, dice McNeil.

Con el editorial publicada en Science, los investigadores involucrados esperan que la comunidad científica global se involucre.

“Yo esperaría, por un lado, que la gente apoye a los científicos que están en el exilio. Y, por otro, que se involucre en la búsqueda de una solución a este problema. Y que una vez que termine esta crisis, apoyen a Nicaragua para re establecer los sistemas educativo y científico, que han quedado totalmente destruidos”, afirma Huete.

McNeil lamentó: “Como comunidad científica global podríamos movilizarnos y exigir al gobierno que haga algo, pero eso puede resultar contraproducente para la misma población”, debido al riesgo de sufrir represiones. Por eso, dijo, “necesitamos visibilizarlo. Y en eso sí podemos contribuir todos”.